Un tribunal federal estadounidense dio nueve días al gobernador de Texas, Greg Abbott, para retirar la barrera de boyas que instaló en julio en el río Grande para impedir el paso de migrantes desde México.
El tribunal federal con sede en Austin, capital de este estado sureño, coincidió con los argumentos del gobierno del presidente Joe Biden, que exigía la suspensión de la instalación de esta barrera.
El republicano Abbott anunció inmediatamente que apelaría esta decisión.
El río Bravo, también llamado río Grande, es la frontera natural con México. Las boyas instaladas están diseñadas para girar si alguien trata de asirse a ellas y, a cada lado, tienen unos discos metálicos dentados.
La línea de boyas color naranja de unos 300 metros (995 pies) está tendida en el sector de Eagle Pass, que limita con Piedras Negras en México. Es uno de los tramos utilizados por migrantes para entrar a Estados Unidos.
El tribunal federal prohibió a las autoridades estatales y a cualquier entidad que trabaje a su servicio «construir o agregar cualquier boya, barrera o estructura de cualquier tipo en el río Grande», en espera de una decisión de un tribunal superior sobre el fondo de la cuestión.
También ordena «reubicar antes del 15 de septiembre» todos los elementos ya existentes que componen esta barrera flotante «en la orilla del Río Grande del lado de Texas».
«Nos mantendremos atentos a la resolución final y reiteramos la urgencia de retirar de manera definitiva las boyas en nuestra frontera compartida», reaccionó el ministerio de Relaciones Exteriores de México en la plataforma X, antes Twitter.
La cancillería mexicana ya ha informado en agosto del hallazgo de dos cuerpos en la zona de estas boyas.
Tensiones
El juez justifica su decisión por los «daños causados por la barrera flotante», citando «las enormes tensiones que ha provocado en las relaciones entre Estados Unidos y México«, así como «amenazas a la vida humana y obstrucción de la navegación libre y segura».
Además, la corte considera «probable» que la sentencia de fondo sea favorable al gobierno federal estadounidense.
Su instalación en julio generó una pronta controversia en el vecino latinoamericano, donde el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, la calificó de una «provocación» que viola la soberanía de su país.
Un mes después, un levantamiento topográfico realizado por una comisión oficial binacional desveló que la polémica barrera está, en su mayoría, del lado mexicano de esta frontera natural.
El Departamento de Justicia de Washington advirtió entonces que estas boyas representan un problema humanitario y diplomático, porque van en contra de los tratados fronterizos celebrados con México.
«Estamos satisfechos de que el tribunal haya determinado que la barrera es ilegal y pone irremediablemente en peligro las relaciones diplomáticas, la seguridad pública, la navegación y las operaciones de los agentes federales en el Río Grande y sus alrededores», reaccionó en un comunicado la fiscal federal Vanita Gupta.
Desde hace varios años, gobernadores y legisladores republicanos, Abbott entre ellos, denuncian la llegada de inmigrantes ilegales, calificándola de «invasión».
Abbott, duro crítico del presidente Joe Biden, causó revuelo cuando este año envió buses con migrantes hacia estados gobernados por demócratas.
Pero la administración Biden afirma que el número de cruces ilegales se redujo significativamente desde que se introdujeron nuevas normas para optar al derecho de asilo.
