El 27 de febrero de 2025, el gobierno de Nicaragua juramentó a 30.000 civiles encapuchados como «policías voluntarios», quienes son considerados por la oposición como paramilitares destinados a colaborar en tareas de represión política.
Vestidos con camiseta blanca y pantalón negro, los encapuchados formaron filas al anochecer en la Plaza de la Fe en Managua, la capital del país, para jurar con la mano en alto ante el presidente Daniel Ortega y su esposa, la «copresidenta» Rosario Murillo.
«Tomamos juramento a esta heroica policía voluntaria, guerrilleros de la paz», dijo Murillo.
La «policía voluntaria» fue creada como parte de una amplia reforma a la Constitución, sellada el 30 de enero por un Congreso controlado por el gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda).
Desde hace algunas semanas, unos 50.000 hombres y mujeres de varias provincias se han integrado a este «cuerpo auxiliar y de apoyo» a las fuerzas de seguridad.
En el mismo acto, Ortega y Murillo tomaron juramento al jefe de la policía, comisionado Francisco Díaz, para continuar por otros seis años en su cargo, que asumió en 2018 en medio de las protestas.
«Recibo el bastón de mando […] para garantizar y defender la paz y seguridad», dijo Díaz, quien es consuegro de la pareja presidencial y está sancionado por Estados Unidos.
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar una «dictadura familiar», junto a su esposa, de 73 años.
Ortega repasó en un discurso pasajes de la lucha revolucionaria y al finalizar dijo algunas consignas, coreadas por los «policías voluntarios».
«Sabemos que tenemos la fuerza para trascender todos los desafíos», declaró Murillo tras la ceremonia
Nicaragua se retira del Consejo de DDHH de la ONU
Nicaragua decidió retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en rechazo a un informe publicado en Ginebra, en el cual un grupo de expertos de la ONU indicó que «el Gobierno reclutó a excombatientes, militares y policías retirados, jueces y empleados públicos, para que se unieran a la ‘policía voluntaria'».
«Los llamados ‘policías voluntarios’ […] evocan el papel nefasto de los grupos enmascarados que protagonizaron la represión letal de las protestas antigubernamentales de 2018», dijo a la AFP Reed Brody, uno de los expertos.
Durante esas protestas, que según la ONU dejaron más de 300 muertos, hombres encapuchados fuertemente armados, que el gobierno llamó el «pueblo», intervinieron para retirar las barricadas que habían colocado en las calles los manifestantes, buena parte de ellos universitarios.
El gobierno de Ortega considera las protestas de 2018 como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
«No quedan instituciones independientes, las voces disidentes son silenciadas y la población —tanto dentro como fuera de Nicaragua— enfrenta persecución, exilio forzado y represalias económicas», subrayó el reporte, sustentado en 1.500 entrevistas y el examen de 7.500 documentos según los expertos.
La nueva Constitución establece la «vigilancia» sobre la prensa y la Iglesia, y el despojo de la nacionalidad nicaragüense a quienes el gobierno considere «traidores a la patria», como hizo con unos 450 críticos y opositores expulsados del país en los últimos años.
La copresidenta nicaragüense calificó a esos órganos de la ONU de «irrespetuosos» y dijo que «perdieron su naturaleza y esencia»: «No los reconocemos y no nos vemos siendo parte o cómplice de atropellos contra la soberanía, la igualdad de los Estados, la dignidad de los pueblos».
Fuente: AFP
